En 1989, había en España alrededor de 900 emisoras de frecuencia modulada pendientes de su posible legalización. En su mayoría habían sido instaladas por pequeños empresarios y profesionales.

   Ante la proximidad de la elaboración del Plan Técnico Nacional y la inminente elaboración de la LOT (Ley de Ordenación de Telecomunicaciones) y comprobando que con este grupo de personas y empresas no se contaba para nada, decidimos crear nuestra propia Asociación: ARI ESPAÑA.

   Este colectivo, pionero en el sector, reclamaba su presencia ante los Organismos oportunos para negociar todo tipo de actuaciones, tendentes a la legalización de nuestras emisoras. Asimismo, pretendíamos que, como a otras Asociaciones y grandes cadenas que se estaban introduciendo en todo el país, se nos incluyera en las diversas reuniones con la Administración para la elaboración de dicho Plan Técnico. Los objetivos de participación con las distintas Administraciones no se consiguieron.
   Nuestra Asociación se creó fundamentalmente para defender ante los Organismos Oficiales la futura adecuación de la Ley a la existencia de un colectivo muy amplio y totalmente extendido en todo el país. El principal objetivo era la adaptación a la legalidad de nuestras emisoras.

   La Asociación se fundó y desarrolló desde la más absoluta independencia política e ideológica, con el objetivo de alcanzar un mayor grado de pluralismo informativo en el sector de la radiodifusión, dentro de la libertad de empresa.